Tras varios años de litigio, el Consejo de Estado ratificó la orden a la UdeC de devolver cerca de 200 mil millones de pesos a Ecopetrol por pago de estampilla. Medida que pone en jaque las finanzas, los objetivos misionales y el acceso y permanencia del derecho fundamental a la educación para más de 23 mil estudiantes. Consecuencias que también afectan a docentes y administrativos. Sin embargo, los trámites judiciales no pueden obviar del debate las críticas históricas del movimiento estudiantil frente a las estampillas -por su inestabilidad e insuficiencia- como fuente principal de ingresos para las IES públicas. El eje de la educación pública debe ser la financiación plena del Estado, único ente capaz de garantizar su calidad, universalidad y gratuidad.
Este episodio refleja también la grave crisis presupuestal de las IES públicas. Tras 30 años de apertura en el sector, el SUE evidencia un déficit histórico de las universidades públicas de más de 18 billones y un autofinanciamiento cercano al 50%, cómo consecuencia del esquema financiero de los Art. 86 y 87 de la Ley 30, sobre la que no avanza ninguna reforma ni se tiene como prioridad y constituye otro incumplimiento del que se autoproclama cómo el gobierno del «cambio». Sin este contexto no se entiende la situación de la UniCartagena, que a corte de 2023 tiene un pasivo de 94 mil millones, el endeudamiento del periodo 2020-2022 creció respecto al de 2016-2019, al alza la proporción de ingresos por matrículas en pregrado-posgrado y el fallo que ordena la devolución de estampillas representa el 44% del presupuesto de 2024.
Resulta lamentable la posición del gobierno a través de su delegada en el Consejo Superior, porque hace eco a dos ideas erróneas. Abre el camino de la venta de servicios como forma de pago, desconociendo el déficit presupuestal de la educación pública, sus afectaciones en la calidad y el bienestar y sus limitaciones a la autonomía universitaria. También yerra al decir que la deuda no la puede asumir el gobierno Petro. No solamente puede, sino que es el único escenario que no deja en UCI al Alma Mater. La ley 30 de 1992 no impide trasladar recursos a IES públicas para cualquier fin y sobran ejemplos de medidas que dentro del marco legal y diversas fuentes de financiación a la mano del ejecutivo, pueden dar salidas a la crisis.
Sobre la base de estos criterios, convocamos a toda la comunidad universitaria a qué con amplitud, independencia y autonomía, promovamos la organización y movilización que exige la coyuntura. La UdeC enfrenta la amenaza más grave en su historia reciente y puede ser resuelta con voluntad política y sin poner en riesgo su presente y futuro. El amor a la educación pública se demuestra de verdad y en concreto con recursos, lo demás es demagogia. Así las cosas, exigimos que el gobierno nacional asuma el pago de la deuda de la UdeC con Ecopetrol por concepto de estampilla.
