Por Ángela Quevedo
El departamento del Meta lo recibió el año 2012 con un duro golpe en materia económica, el recorte que sufrieron las regalías petroleras que recibíamos. La exacción tiene un efecto muy negativo en la inversión social prevista para los años venideros y haría inviable financieramente al departamento.
En el sector educativo la situación se torna alarmante, pues el recorte a las regalías disminuyó en más del 60% los recursos de las instituciones educativas. Para la atención de 180 mil estudiantes, el departamento pasó de percibir $10 mil millones a $2mil y el municipio de Villavicencio bajó de $5mil millones a mil. Las instituciones tendrán entonces que funcionar con los pírricos recursos regionales y la supuesta “gratuidad del gobierno” definida por el decreto 4807 de diciembre de 2011, en conclusión, arreglárselas con $70 mil por estudiante al año, es decir, menos de $7.000 mensuales. El asunto es insostenible para todos los colegios, grandes y pequeños. Tal es el caso del colegio de Castilla La Nueva, que pasó de recibir en el 2011 $430 millones a $120 millones en el 2012, valor inferior al costo de sus servicios públicos anuales. Todos los colegios del departamento del Meta ven menguados sus ingresos para funcionamiento y mantenimiento en proporciones que superan el 60%.
El MEN prohíbe además a los colegios percibir recursos económicos por otros conceptos y, al contrario determina cómo es la utilización de los recursos y, como si fuera poco, como en un matrimonio infiel, desvía los recursos del Sistema General de Participaciones a los colegios en concesión con el pretexto de ampliar la cobertura. No hay entonces dinero para el sector público, pero se entrega a manos llenas al sector privado.
Es la peor situación de la educación primaria y secundaria, pues durante tres décadas se ha venido socavando su calidad poniendo en práctica el método constructivista, una política educativa ya fracasada en España y Estados Unidos y que ha reducido las áreas del conocimiento, aplicado la promoción automática, eliminado la libertad de cátedra y, de remate, desfinanciado el sector. Una vez marchitada económicamente y desprestigiada por la aplicación de metodologías contrarias a una verdadera formación científica y para el trabajo, cualquier excusa será válida para entregarles a los particulares amplios sectores de la educación pública en el marco de los tratados de libre comercio.
La alternativa
Ante el agravamiento de problemas tales como la falta de aseadoras, vigilantes y transporte, denunciados a diario por las comunidades, se debe gestar una gran alianza de padres de familia, rectores, docentes y estudiantes a fin de exigir recursos suficientes para el sector educativo del departamento, desnudando además la falacia de gratuidad de la que Santos se ufana y que en la práctica profundiza la política de entrega del servicio.
El debate sobre la financiación abre también el de la excelencia académica. ¿Qué tipo de educación requiere el desarrollo nacional? Plantea también la necesidad de una verdadera democratización de la enseñanza, para orientar el conocimiento a las diferentes áreas de acuerdo con la edad. Es clave que el estudiante reciba los estímulos necesarios para el desarrollo cerebral, que la captación del conocimiento no quede a medias, que se rescate el método científico en la enseñanza de la educación primaria y secundaria y sobre todo que la educación sirva para transformar la estructura económica y social profundizando y ampliando la democracia y la soberanía nacional.
La alternativa que cada vez vislumbra el camino es la resistencia civil, que cada vez toma más fuerza y se materializa en las acciones que impulsan la Mesa Minero-energética y el Movimiento Estudiantil del Meta. Ambos han venido luchando por la defensa de las regalías y aún más, por una política que defienda el aprovechamiento real de los recursos naturales por parte de los colombianos y no solo el derecho a unas “pinches” regalías, recortadas en un 80% y cuyo escaso saldo también se les niega a las entidades territoriales en los vericuetos burocráticos de los Organismos Colegiados de Administración y Decisión, OCAD, mientras se deja en el sector financiero para que el gobierno central le eche mano invocando la sostenibilidad y la regla fiscal, con miras a satisfacer las prioridades del sector financiero y el servicio de la deuda.
La movilización nacional convocada para hoy 5 de septiembre y las próximas son la mayor oportunidad para denunciar cómo el gobierno de Santos le hace conejo al país en materia educativa, laboral, de salud y económica, cumpliendo las disposiciones del Norte y acentuando la dependencia extranjera.
Villavicencio, 3 de septiembre de 2012.
