Manuel Parra, estudiante de Derecho de la Universidad Externado de Colombia, miembro de los Grupos Estudiantiles Confederados – GEC.
Si cada vez entran más recursos, en su mayor parte privados, ¿por qué razón el sistema está en una profunda crisis financiera?
Decir que el sistema colombiano de salud está en crisis es una redundancia después de la ley 100 de 1993. Si bien lo que antes había era precario, al menos el Estado asumía la prestación del servicio de salud, los programas de promoción y prevención y de forma parcial el financiamiento. La Constitución del 91, que apareció en el marco del dogma neoliberal, transformó la salud de un derecho vital a una vil mercancía transable en el mercado de capitales, al establecer que la prestación del servicio podría ser asumida tanto por el Estado como por particulares. Tal adefesio constitucional hizo de este derecho fundamental un nicho de mercado sumamente atractivo para los especuladores y el sector financiero.
La promulgación de la Ley 100 y sus posteriores reformas o mejor, complementos, han sellado el colapso de la salud. Con ellas proliferaron las famosas EPS e IPS, se ahondó en el cierre o privatización de hospitales públicos, se convirtió en piedra angular la tercerización de los trabajadores de la salud mediante cooperativas de trabajo, se pauperizó a niveles inimaginables la calidad y la prestación del servicio, se manipularon las cifras de cobertura, se establecieron planes estratificados, se pasó del subsidio estatal de la oferta al subsidio de la demanda y lo peor, y, en fin, se pasó de considerar a los colombianos como beneficiarios del sistema a simple clientes condicionados por la capacidad económica.
Dentro de los innumerables problemas, hay uno que reviste gran importancia: la financiación. No hace falta entender de política, economía o medicina, para saber que un Estado responsable debe preocuparse de las condiciones de salud de sus ciudadanos y que por ende debe asumir directamente la financiación de un sistema de salud público, universal, científico y al servicio de la gente. Pero, como suele ocurrir en Colombia por los intereses egoístas de unas minorías, se concibió un sistema sin fondos reales al que, si bien nominalmente le entra cada vez más dinero del Estado, proporcionalmente se invierte mucho menos y los privados asientan sus inversiones y se adueñan de todo. En 1993 la inversión en el sector fue de 3.26 billones de pesos, de los cuales el 15% eran recursos públicos. Para el año 2009 la inversión en salud fue de 39 billones de pesos, de los cuales tan solo el 10% correspondían a recursos públicos.[1] Ahora bien, esto lo que demuestra es cómo ha venido avanzando la privatización y cómo el Estado ha dejado de garantizar el derecho fundamental a la salud.
Queda una pregunta por resolver: si cada vez entran más recursos, en su mayor parte privados, ¿por qué razón el sistema está en una profunda crisis financiera?
El gobierno de Uribe sostuvo que el problema financiero obedecía a dos factores: uno, el abuso que cometían los “clientes” al someter a cargas excesivas el sistema mediante el mecanismo de la tutela y, dos, el pasivo de la red pública hospitalaria. Sobre la base de esas afirmaciones se construyeron los nefastos decretos de la emergencia social, decretos que fueron derrotados por la movilización y la resistencia civil de millones de colombianos y que el actual gobierno trata de revivir con la reforma que tramita en el Congreso.
El déficit tiene su causa fundamental en la concepción misma del sistema, concebido para generarles inmensas ganancias a los intermediarios financieros y a los recaudadores, las EPS, a costa del sufrimiento de millones de personas. Las EPS han demostrado que la salud lejos de ser un derecho universal se convirtió en un negocio redondo. Para el 2009, en plena crisis financiera mundial, las EPS habían incrementado su patrimonio en 176 veces desde 1993. Se calculó en 767 billones de pesos. Para este mismo año, seis de las principales EPS –SaludCoop, Coomeva, Salud Total, Famisanar, Susalud y EPS Sanitas– figuraron entre las cien empresas más importantes del país. Lo anterior contrasta con la deplorable situación de la red pública. Para el 2008, el 85% de los hospitales públicos, es decir, 841 de 947, se encontraban en déficit por casi un billón de pesos. A lo anterior se le suman los sucesivos recortes a las transferencias –el dinero que la nación debe suministrarles a las entidades territoriales para los gastos en salud, educación, saneamiento básico y agua potable–, el recorte a las regalías y los sobrecostos que producen las EPS. Un ejemplo de ello, el escandaloso caso de SaludCoop, donde se sobrefacturaron medicamentos por un monto de 825.760 millones de pesos. Según la Federación Médica, la EPS SaludCoop se benefició en 15.000 millones de pesos tan solo por el sobrecosto del medicamento Rituximab.
El sistema colombiano de salud es inviable tal y como está, pero la solución no es ahondar en el modelo actual, ni mucho menos cargar en las espaldas de los beneficiarios del sistema y los trabajadores de la salud los reajustes presupuestales. Lo comprueban las numerosas reformas de la ley 100, que han terminado en un rotundo fracaso. Lo que debemos buscar es derogar la ley 100 y abrirle el camino a un sistema de salud universal, científico, financiado por el Estado y al servicio de los colombianos. La reforma de Santos tan solo profundizara el problema. Bien se ha dicho popularmente que con la Ley 100 se instauró el paseo de la muerte, pero con la reforma de Santos se va a instaurar el genocidio.
[1] Grupo de Salud, Centro de Estudios del Trabajo, Cedetrabajo. “Nuestro sistema de salud: Anatomía de una malformación congénita.”. Revista Nº 47
