Juan Sebastián Padilla, 30 de Octubre de 2014
La educación ha sido vista tradicionalmente como una herramienta para combatir la desigualdad. Para que realmente sirva se requiere de un cambio radical en el sistema educativo colombiano, que suprima la posibilidad de una educación de élite y garantice que todos los jóvenes accedan a las universidades financiadas adecuadamente por el Estado.
En Colombia en los últimos años se ha renunciado a los aportes que se pueden realizar en materia de educación superior: la generación de conocimiento relevante para el país y la formación de profesionales con una base de conocimiento sólida que sean un aporte para el desarrollo de la nación. Lo aplicado ha sido todo lo contrario, el rumbo de la universidad pública ha sido el de la desfinanciación y abandono estatal desde que se puso en marcha la ley 30 de 1992.
La Universidad del Quindío, otro eslabón de la privatización
La Uniquindío atraviesa por una situación que no es ajena a la del resto de universidades colombianas. Del total de recursos que requiere la institución para su funcionamiento, el Estado únicamente aporta el 54%, el resto los asume la universidad con recursos propios. Del 46% de recursos que asume la universidad, el 44% proviene de matrículas, cuyas mediciones no consultan la capacidad socio-económica de los estudiantes y constituyen un impedimento para el acceso a un futuro profesional. Para el año 2013 el Plan Operativo Anual de Inversiones (Poai) se autofinanció en su totalidad, con un presupuesto de 15.929 millones de pesos, ya que el presupuesto asignado por el Gobierno Nacional y otras entidades solo alcanza para cubrir el rubro de Servicios Personales.
Esta penosa condición de autofinanciación genera efectos nocivos para la calidad académica, el bienestar universitario y el carácter público de la universidad. Por ejemplo, en los últimos 5 años la participación de los docentes de planta se ha disminuido notoriamente, pasando de un 42% del total en 2008, a un 20% en 2013. Esto mientras los estudiantes matriculados han aumentado en un 57%, de 10.392 en 2008 a 16.321 en 2013. Para absorber la cobertura estudiantil desaforada (condicionante para más recursos) la universidad se vio en la necesidad de contraer un préstamo con el banco especial Findeter (el intermediario financiero es el banco Davivienda S.A.) para construir el Bloque 50 años.
La universidad no cuenta con una infraestructura adecuada para soportar la apertura de nuevos programas académicos. Se presenta el caso de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas que no tiene bloque propio a pesar de ser la facultad con más estudiantes.
La cobertura del Bienestar Universitario en materia de transporte, alimentación y auxilio económico no cobija ni siquiera el total de estudiantes que pertenecen al estrato 1, pues su cobertura es de 931 estudiantes, mientras el total de estrato 1 son 3.942, es decir, el 22,84% del total de estudiantes.
La autonomía y la democracia universitaria brillan por su ausencia. Dos hechos de los últimos días lo evidencian: la falta absoluta de garantías para las elecciones de representantes de los distintos estamentos en el Consejo Superior Universitario y la toma de la universidad por parte de la gobernadora Sandra Paola Hurtado. Hasta el momento la administración de la universidad no ha convocado un solo espacio de discusión para las propuestas, no se ha hecho difusión de las elecciones y por si fuera poco existe un contubernio entre un Decano aspirante a la rectoría, directores de programas, profesores, administrativos y candidaturas estudiantiles para imponerle al estudiantado un candidato y constreñir de esta manera su voto y opinión.
El segundo hecho se explica solo, en sesión del Consejo Superior se designó al profesor Luis Fernando Polania (jefe de debate del Decano aspirante a rector) como rector encargado de la Uniquindío en reemplazo del suspendido Alfonso Londoño. Dicha decisión se toma entre 4 miembros de los 10 que componen el CSU. Dos de los cuatro miembros estaban inhabilitados para haber votado, uno porque perdió su calidad de estudiante y otro por ser el cónyuge de un director de programa.
El asunto de fondo en estos hechos no es la politiquería y el clientelismo, es que bajo esas formas decadentes de hacer política se busca una composición en el CSU que siga ejecutando a pies juntillas toda la política privatizadora y mercantilista de Juan Manuel Santos.
Las ideas que se enarbolen en estas elecciones no pueden ser otras que la propuesta de una agenda de movilización que unifique a los estamentos universitarios para cerrar filas en la exigencia de un presupuesto adecuado para la Universidad del Quindío, como condición sine qua non para preservar su carácter público, acompañado de una férrea defensa de la autonomía de la universidad frente al gobierno nacional y otros elementos externos. Ojalá que en las elecciones gane la Uniquindío.
