La situación de la UNAL y la elección del rector permiten extraer importantes lecciones para los estamentos universitarios y el país. Inicialmente, sigue vigente la bandera histórica del movimiento estudiantil de adoptar los cambios en la Ley 30 y el decreto 1210, para, entre otras, garantizar que los resultados de las consultas sean vinculantes y acatados por las IES públicas. Estos cambios tan necesarios no han sido adoptados aún por el gobierno, que sigue dando largas.
El profesor Leopoldo Múnera resultó electo por la comunidad universitaria en la consulta del 13 de marzo. Sin embargo, la Ministra Aurora Vergara y los delegados del gobierno nacional, aunque tenían votos suficientes para impulsar la escogencia del profesor Múnera, permitieron designar como rector a Ismael Peña mediante un mecanismo ilegitimo y antidemocrático, desconociendo lo expresado por la comunidad universitaria.
Tras este episodio, estudiantes, profesores y trabajadores iniciaron movilizaciones y protestas exigiendo con acierto que se acataran los resultados de la consulta del 13 de marzo de 2024. Como OCE los respaldamos y, a su vez, rechazamos los intentos de grupos aislados de proceder con violencia para tramitar las diferencias en el claustro y la sociedad. Asimismo, conviene precisar que, durante estos meses, el debate sobre la legalidad de las actuaciones se dio en el marco del estado de opinión y no sobre la base del Estado de derecho. Al punto que, al día de hoy, están pendientes por resolver varias demandas que tienen como objeto determinar la sujeción al ordenamiento jurídico en las distintas etapas de este proceso de consulta y designación.
Resulta muy grave y alarmante que, para tramitar las contradicciones en la UNAL, el gobierno nacional haya intervenido de manera arbitraria, bajo distintos mecanismos, para trazar la línea administrativa, académica y misional de la UNAL y jugar un papel determinante en el desenlace de este problema. Debemos persistir en que las necesarias y urgentes luchas por la profundización de la democracia universitaria, la financiación, la calidad y otros de crucial importancia, se desarrollen en el marco de la independencia y la autonomía. Todas las medidas por fuera de esos criterios marcan un pésimo precedente para las luchas gremiales, los objetivos misionales de la universidad, el avance mismo del conocimiento y, en últimas, para el desarrollo nacional.
