Durante la campaña presidencial de 2022, Gustavo Petro alardeó con la promesa de condonar todas las deudas y de realizar una reforma estructural al ICETEX para obtener buena parte de sus votos. En Colombia, son muchas las familias y los jóvenes que, ante las dificultades para acceder a una educación pública, universal, gratuita y de calidad, han recurrido al crédito educativo como única opción, en medio de condiciones de financiación de por sí difíciles. Sin embargo, una vez en el Gobierno, ni la condonación total de las deudas ni la reforma integral del ICETEX se materializaron, y los usuarios terminaron enfrentando el incremento de las cuotas y la capitalización de intereses.
Dos medidas resumen la política del gobierno saliente en la entidad.
La primera fue introducir, en el artículo 95 de la Reforma Tributaria de 2022, un subsidio a la tasa de interés para las personas en etapa de estudio, con el que se buscaba que los intereses causados no se capitalizaran al momento de liquidar el crédito educativo, una vez finalizado el pregrado. No obstante, los recursos salían de las arcas de las IES, sobre todo de las privadas. Por ello, las universidades debían destinar de su presupuesto anual un monto cuya financiación debía ser responsabilidad del Gobierno. Sin embargo, la Corte Constitucional tumbó la medida por vicios de procedimiento en la forma de aprobar el artículo en el Congreso. Aun así, el ICETEX la mantuvo bajo el programa «U Solidaria», que solo entre 2023 y 2025 representó 203.406 millones de pesos para las universidades.
La segunda fue subsidiar la tasa de interés a los usuarios en etapa de pago: en un 2 % a quienes estuvieran al día con sus cuotas y en un 4 % a los morosos. Recordemos que esa medida comenzó a implementarse porque la inflación con la que cerró 2022 fue del 13,12 %, la más alta de los últimos 20 años, con lo cual aumentaba desmesuradamente el costo del crédito, debido a que la tasa de interés del ICETEX se compone de unos puntos fijos y del componente de inflación. Lo que el Gobierno calificó como «histórico» fue la implementación de un subsidio que fijó la tasa en un 15 % (E. A.), que seguía siendo alta.
Peor aún, el Gobierno de Petro no solo adoptó una medida insuficiente, sino que la desmontó desde comienzos de 2025, lo que, teniendo en cuenta los beneficiarios de 2024, puso en vilo a por lo menos 166.572 usuarios en etapa de amortización que recibían el subsidio a la tasa. Todo esto se dio en medio de un equivocado antagonismo planteado desde la Casa de Nariño entre una educación pública plenamente financiada, las IES privadas de calidad y el ICETEX como entidad auxiliar de la política educativa.
A las universidades privadas no solo les impuso una responsabilidad adicional sobre sus finanzas, sino que, con la reducción de los recursos del Gobierno nacional al ICETEX en un 79 %, terminó afectando a los usuarios y a sus familias, quienes tuvieron que pagar cuotas de hasta el 17 % (E. A.). Además, redujo el número de nuevos créditos educativos de 57.252 en 2024 a menos de 10.000 en 2025, sin ningún plan ni alternativa para esos cupos en las universidades públicas. Mientras todo eso pasaba, la entidad pagó, entre 2023 y 2025, 1,15 billones de pesos por concepto de servicio de la deuda.
Por otra parte, las condonaciones que tanto cacarearon apenas llegan a la suma de 61.548 beneficiarios, con corte a 2025, teniendo en cuenta aquellas que no se dan por obligación constitucional o legal. Además, muchas de ellas son parciales.
Así las cosas, de las dos medidas adoptadas por Petro, una fue sostenida mayoritariamente por las IES y la otra la desmontó el propio Gobierno desde 2025. Asimismo, nunca hubo voluntad política para presentar una reforma integral al ICETEX que contemplara la eliminación real de la capitalización de intereses, subsidios a los usuarios, garantizar que los recursos de la entidad no superaran los incrementos de las IES públicas, la revisión del endeudamiento con la banca multilateral y su categorización como entidad auxiliar de la política educativa del país. En definitiva, las promesas de campaña nunca se tradujeron en una reforma estructural del ICETEX.
