Petro dio a conocer recientemente el nombramiento de uno de sus escuderos de confianza, Daniel Rojas, como su nuevo Ministro de Educación. Rojas participó en la construcción del programa electoral y ha desempeñado altos cargos en el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y en la Sociedad de Activos Especiales (SAE), desde donde entregó algunos bienes en extinción de dominio a algunas universidades públicas. El hecho fue visto como un gesto demagógico, porque lo que exige la comunidad académica es la financiación plena y la cobertura con calidad, que están lejos de ser garantizadas.
Al actual jefe de la cartera de Educación le cabe cierta responsabilidad política en varias de las decisiones adoptadas por el gobierno. Se trata de un acérrimo enemigo de Ecopetrol, empresa en un 88,5% pública que genera recursos importantes y no reemplazables por ningún tipo de charlatanería que confunda una necesaria transición energética con un salto al vacío contra la economía nacional. Asimismo, aplaudió la reforma tributaria de 2022, tan lesiva contra los sectores populares, las clases medias y los mipymes.
La reforma tributaria resulta un elemento clave en el debate, porque como advierte CEDETRABAJO en el documento Justicia Fiscal y Educación, “para tener un sistema fiscal funcional es imprescindible contar con una estructura productiva que genere la suficiente riqueza para atender los retos en materia social, en este caso, educativa”. Recargar con impuestos regresivos al país y sin dar estímulo serio a las actividades productivas constituye un garrafal desenfoque frente a los problemas que aquejan a la educación, que precisa cada vez más recursos por tener un esquema de costos marginales crecientes.
El señor Rojas también defendió el PND 2022-2026, que dio continuidad a la Financiación Contingente al Ingreso (FCI), abrió la puerta al regresivo programa de “Estudiantes voluntarios” denunciado por el magisterio y engañó con un raquítico plan de salvamento a los deudores del ICETEX. Todo en la línea de la OCDE y el Banco Mundial.
Al presentarlo por las redes sociales, el presidente orientó al ministro Rojas a la “expansión de la educación pública superior gratuita. Con el SPG sustancialmente incrementado a los municipios, lograr la expansión de las clases de historia, arte, deportes y programación de sistemas en los colegios del país”. Como se ve, la hoja de ruta se mantiene en seguir incentivando la demanda y no en robustecer presupuestalmente la oferta. Al gobierno no solo se le debe juzgar por lo que dice, sino también por lo que omite, porque el presidente pasó por alto priorizar las indispensables reformas a los artículos 86 y 87 de la Ley 30, al SGP y al ICETEX. Lo que no olvidó Gustavo Petro fue encomendarle a Rojas el conocido cañazo de la constituyente, compromiso que el nuevo ministro se apresuró a asumir en entrevista con la W Radio.
Han sido muchos los cuentos sobre cobertura, recursos para municipios y avances en programación, pero el balance es pésimo. El gobierno propuso 500.000 nuevos cupos en educación superior y solo van 65 mil entre el MEN y el SENA, al que suma en las cuentas. La cobertura proyectada para el cuatrienio era de 62% y hoy día es de un pírrico 55%, comparado con el 53.83% de 2021. La misma suerte corre la ciencia, que cuenta con el menor presupuesto en lo que va del siglo y con bajísimos niveles de ejecución. Ni hablar de la básica y media, que acumula desde 2001 un déficit de más de 200 billones de pesos y en la que se incumple el acuerdo con FECODE para reformar el SGP. Sigue la tendencia a engañar predicando que el neoliberalismo debe “cambiarse” cuando, por el contrario, se intentó profundizar con la estatutaria hundida por el paro del magisterio.
A todo lo anterior se le suman dos aspectos de especial preocupación. En primer lugar, la sistemática actitud antidemocrática de Daniel Rojas de agredir a quienes no comulgamos con sus puntos de vista. Es un pésimo precedente y un muy mal ejemplo para la comunidad educativa que quien preside la dirección de un sector de conocidas complejidades reemplace el análisis por el maltrato personal. Y en segunda instancia, porque se sigue enviando el mensaje desde el alto gobierno de que el mérito y la preparación no son el principal criterio de escogencia.
Desde el movimiento estudiantil y la comunidad educativa seguiremos exigiendo hacer realidad las reformas estructurales que requiere la educación en todos los niveles para atender las urgentes necesidades de financiación, calidad, bienestar, infraestructura, ciencia e investigación, necesidades que tras dos años siguen aquejando al conjunto del sector y que no han cambiado sustancialmente desde los anteriores gobiernos. Estos reclamos deben darse en espíritu de unidad y especialmente amparados en la independencia y la autonomía. Como lo demostró el reciente Paro Nacional Permanente, resultan indispensables la organización y la movilización para avanzar en la conquista de una educación pública, científica y al servicio del desarrollo y la soberanía nacional.
