Por:
Andrés Salcedo
Julián García
En el Congreso de la República actualmente se está tramitando el proyecto de Ley 010, presentado por la bancada del gobierno en este recinto a través de los partidos Centro democrático y Cambio Radical, el cual busca modificar nuestro sistema de salud, con la intención realmente de aumentar el poder de las aseguradoras y el modelo de intermediación financiera que nació con la Ley 100.
Es preciso recordar que a partir de la Ley 100, el sistema se rige por las ganancias que obtienen las EPS con la salud de los colombianos. Hoy podemos afirmar que, la intermediación financiera de las EPS y el negocio en que han convertido el derecho a la salud, ha representado miles de muertes por enfermedades prevenibles o por padecimientos que el desarrollo de la ciencia ha resuelto. Dentro de las muchas causas de lo expuesto anteriormente encontramos la alta carga burocrática del sistema que se traslada al paciente, el cual se ve sometido a un sin número de trámites, demoras en la solicitud de citas o procedimientos, negación de servicios de salud, trayendo como resultado la muertes de millones de colombianos y colombianas.
Los pacientes han tenido que recurrir a la tutela como único mecanismo para acceder a varios servicios, que incluso ya están contemplados dentro del Plan de Beneficios en Salud al que, por derecho, puede acceder cualquier connacional a lo largo y ancho del territorio. Esto sucede en cerca del 85% de los casos, de las más de 200.000 tutelas presentadas cada año. Por otra parte, la situación ha evolucionado a un estado crítico, el negocio y la búsqueda de utilidades por parte de estas empresas, tiene como resultado una deuda histórica con miles de IPS, que actualmente asciende a billones de pesos y que terminan pagando los pacientes, así como los trabajadores de la salud.
Pero, ¿Puede el sistema de salud del país empeorar? La respuesta es un rotundo Sí, y lo demuestra este proyecto de Ley. Es evidente que el proyecto 010 de 2020 pretende profundizar la crisis que atraviesa este sector y escoger nuevamente el negocio sobre la vida y la salud de los colombianos. La salud en Colombia significa en el mercado 79 billones de pesos anuales, esta es una de las razones del inmenso interés del gran poder financiero y sobretodo extranjero, que ven en este sector una fuente de ganancias.
Tristemente, no es de extrañarse, cuando al igual que muchas reformas hechas en Colombia en las últimas décadas, se están acatando las directrices de organismos como la OCDE (Organización para la cooperación y el desarrollo económicos). A las agencias multinacionales se les ha permitido ingresar silenciosamente en el sistema de salud, a través de la compra de EPS, así como de clínicas y hospitales; ahora, el proyecto 010 les abre la puerta principal, permitiendo la integración vertical que previamente estaba prohibida. Esta práctica consiste en que el dueño de las EPS, quienes administran y organizan la prestación de salud, poseen además las instituciones que van a prestar los servicios, definitivamente quieren armar el negocio redondo. Los estudiantes de todas las áreas de la salud no podemos dejarnos engañar, las empresas que se dedican al negocio de la salud en todo el mundo se desligan aún más de su obligación de poner como prioridad la salud de nuestros pacientes y las condiciones laborales dignas de los trabajadores. Los platos rotos también los pagaremos nosotros en el futuro, cuando estemos ejerciendo nuestras profesiones y, tristemente, los seguirán pagando los pacientes, quienes son el verdadero pilar de nuestro ejercicio.
A continuación están algunos ejemplos, que ilustran cómo funcionan algunos «gigantes» del área de la salud y a lo que nos enfrentamos exponencialmente en un futuro:
- QuironSalud: propiedad de Fresenius compró las clínicas el Prado, Las Vegas, Medellín, Invanaco, la médica reproductiva, la de la mujer en Bogotá y en general ha invertido en el país 1,6 billones de pesos.
- United Health: compró Colmédica y Aliansalud (EPS), las clínicas del country y la Colina en Bogotá y la clínica Puerto Azul en Barranquilla. Esta multinacional del aseguramiento es la empresa #14 más poderosa del mundo y la #1 en el mercado mundial de la salud.
- Falck: Empresa Danesa dueña de las ambulancias EMI y Femsa.
- Bristish United Provident-Sanitas: Es dueña de Sanitas, la tercera EPS más grande del país.
- Black Stone: Propietaria de Coosalud, la décima EPS en facturación.
- Christus Healt: compró a Coomeva, la segunda EPS que más facturo en el 2019
Es claro el carácter de este proyecto, que en un intento de hacer que todo cambie, finalmente no está cambiando nada, renombra a las EPS y les da el título de Aseguradoras en Salud (AS), develando su interés en hacer de la salud un negocio de seguros. Al mejor estilo del modelo estadounidense, el seguro de salud cubriría algunos servicios y tendría un tope de gastos; es decir que a los colombianos les tratarán sus enfermedades, según el dinero que tengan, algo absurdo cuando entendemos que la salud es un derecho fundamental.
Para demostrar que lo peor siempre es posible, este proyecto pretende, además, concentrar más el negocio proponiendo una depuración de las EPS, dejando en manos de poco más de una docena de EPS el dominio de la salud. A lo anterior se suma la territorialización, es decir, entre algunas empresas aseguradoras se repartirán ciertos territorios del país, generando monopolios por departamentos, solo a excepción de las grandes ciudades donde habrá más de una EPS (O Aseguradora, como serán llamadas).
En medio de este panorama a los hospitales públicos no les va mejor, el proyecto de ley 010 de 2020 les impone lo siguiente:
- Deben tener equilibrio financiero, un absurdo considerando las deudas que superan los 40 billones por parte de las EPS. Son los mismos hospitales que, en medio de la actual pandemia, cerraron los servicios de consulta externa, ocasionando una baja en la facturación y recaudo financiero.
- Mantener una estabilidad en la demanda, lo que es contrario a la realidad nacional.
Si los hospitales no cumplen con estos requisitos están condenados a liquidarse o hacer alianzas público- privadas (APP), donde los beneficiados no serán los colombianos, sino quienes administren los hospitales.
Según el congresista Jorge Gómez, este destino lo tendrán la mitad de todas las Instituciones Prestadoras de Salud que hay en el país, generando despidos masivos y grandes masacres laborales. Sin duda, un futuro negro para los estudiantes, quiénes al graduarnos nos encontraremos con peores condiciones laborales de las que hoy conocemos. Un proyecto negativo desde donde se mire, que incluso pretende acabar con los regímenes de salud exceptuados de la ley 100 como el de Ecopetrol y el Magisterio, un nuevo ataque a los trabajadores y maestros de nuestro país.
Con todo esto, las malas noticias que trae este proyecto aún no terminan. De triunfar el 010 y aprobarse, el presidente Duque tendría facultades extraordinarias para modificar el régimen laboral de los trabajadores de salud, reforma que seguro profundizará la tercerización, los contratos por orden de prestación de servicios (OPS) y la carga que asumen los trabajadores por la crisis generada por las EPS. El futuro de quienes laboran en el sector de la salud estaría en las manos del presidente, el mismo que ha incumplido con el pago a los residentes y hasta con los elementos de protección personal para enfrentar la pandemia.
Estas mismas facultades extraordinarias le permiten a Duque modificar por completo el Instituto Nacional de Cancerología (INC), algo que no sería raro de considerar, teniendo en cuenta la influencia del Grupo Aval en la vida nacional. El dueño de este gran grupo financiero, Luis Carlos Sarmiento Ángulo, está incursionando en la atención del cáncer con su Centro de Tratamiento e Investigación sobre el Cáncer (CTIC). Así pues, queda más que clara la tarea de Duque y su ministro de salud, Fernando Ruiz, quien trabajó por años en el CTIC: Consolidar el modelo de negocio para el hombre más rico del país, incluso acabando con uno de los mayores baluartes de ciencia e investigación del país. Ni siquiera los pacientes que padecen una patología como el cáncer «se salvan» del modelo de negocio, el INC es una amenaza en el mercado de Sarmiento Ángulo.
Finalmente, los estudiantes de áreas de la salud no podemos perder de vista las implicaciones de este proyecto en nuestra formación. La educación también se ve afectada, pasando por encima de la autonomía universitaria al querer imponer currículos a las facultades tanto en pregrado como en posgrado. Por otra parte, se gesta un duro ataque a la formación en medicina familiar, la cual se pretende flexibilizar al máximo, llegando a querer combinar el inicio de la especialidad junto con el año de internado y dando un papel preponderante a la educación virtual, en contravía de la más alta calidad para una especialidad que es fundamental en un sistema de salud enfocado en la prevención y promoción de la salud.
Es así, como ningún gremio o sector se salva de las peligrosas medidas impulsadas en este proyecto por el gobierno nacional, siguiendo casi que al pie de la letra las orientaciones de la OCDE. El 010 es tan lesivo en su contenido que nos hemos unido para exigir que sea totalmente archivado. Los estudiantes de medicina nos sumamos a las iniciativas adelantadas a nivel nacional en oposición a este proyecto, acompañaremos la agenda del comité nacional de paro, pues se encuentra en juego nuestra formación, nuestro futuro ejercicio profesional y de forma fundamental, la salud y la vida de los colombianos, los pacientes a quienes debemos nuestro trabajo. Es necesaria la organización y movilización masiva, democrática y pacífica, en defensa de la vida, la dignidad y la salud de los colombianos ¡Abajo la reforma a la salud del proyecto 010!
