El 14 de enero del 2015, el presidente Juan Manuel Santos, a través de su Ministro de Salud Alejandro Gaviria, emitió el Decreto 055 del 14 de enero de 2015, por medio del cual se reglamenta la afiliación de los estudiantes practicantes de educación media, técnica, tecnológica y superior pública y privada del país al Sistema General de Riesgos Laborales a través de las Administradoras de Riesgos Laborales – ARL.
Aparentemente, este decreto busca brindar garantías de seguridad, protección y bienestar a los practicantes. Sin embargo, el contenido del decreto es un engaño, pues, beneficia al capital financiero de las aseguradoras mientras le hace conejo a las instituciones educativas públicas y privadas. Aunque el decreto señala que la afiliación y pago de aportes al sistema estará a cargo de las entidades que se beneficien de las prácticas de los estudiantes, la realidad es otra, pues son las instituciones educativas quienes terminaran asumiendo el costo del aseguramiento para garantizar el acceso a las prácticas de sus estudiantes, puesto que los empleadores argumentan no tener presupuesto para correr con el gasto.
Por ejemplo, universidades públicas como la Universidad Industrial de Santander no han podido pactar los convenios docencia servicio con las IPS para que los estudiantes de la facultad de salud puedan realizar sus prácticas, además, la UIS y la Universidad Surcolombiana asumirán el costo de afiliación de sus estudiantes para poder garantizarles el ingreso a las prácticas. Situación similar enfrentan los judicantes de la Universidad de Cartagena, quienes se han visto en la obligación de solicitarle a la Universidad el pago de los gastos en seguridad social, puesto que la rama judicial no cuenta con la disponibilidad presupuestal para hacerlo. En la Universidad de Caldas la implementación de la medida costará cerca de $300 millones de pesoso, gasto recurrente que empeorará el déficit $15.000 millones de pesos que tiene la institución para 2015 y para el caso de las Privadas, en la Universidad de la Salle, programas como Trabajo Social no han podido iniciar su periodo de prácticas profesionales debido al nuevo requisito de afiliación
Para el caso de las universidades públicas esto se traduce en un nuevo gasto sin el respectivo aumento en el presupuesto que gira anualmente el gobierno nacional, por lo que el costo será tomado de los recursos propios, es decir, los recursos provenientes del pago de derechos de matrículas y venta de bienes y servicios. Similar situación se presenta en las universidades privadas para quienes el gasto también lo asumirá la universidad de sus propios recursos, la solución no parece otra que llegar a aumentar el cobro de la matrícula de los estudiantes para asumir el costo de la afiliación a ARL. En ambos casos paga el estudiante indirectamente aunque el decreto diga que este no debe, en ningún caso, asumir el gasto.
Según el modelo de ley 100 es el empleador quien asume los riesgos profesionales del empleado, los practicantes (empleados) aportan conocimiento y horas de trabajo para desarrollar proyectos de las empresas (empleadoras) quienes se benefician y reducen costos por el trabajo que aporta el practicante, no viceversa.
Por lo anterior, rechazamos la actitud del gobierno de Juan Manuel Santos y su intención de seguir engañando a los colombianos, esta vez, dando falsas soluciones de seguridad, protección y bienestar a los estudiantes cuando el real objetivo es beneficiar a las ARL. Hacemos un llamado a los estudiantes de educación media, técnica, tecnológica y superior pública y privada a rechazar esta ofensiva del gobierno nacional y a exigir reales condiciones para el desarrollo de sus prácticas.
