Escrito por Nicolás Roa Vargas
2016 ha sido un año en el que la Universidad Distrital ha enfrentado grandes retos que la han puesto en el foco del debate público. En particular, la última polémica sobre el Decreto que reglamenta la elección de Rector ha despertado indignación en parte de la comunidad educativa de la universidad de los bogotanos. Esta polémica, que caldea las aulas y las asambleas de la UD, puede ser una buena oportunidad para repasar algunos de los problemas estructurales que afectan esta universidad.
La UD enfrenta retos enormes como la construcción de la Sede en Bosa-El Porvenir, Aduanilla de Paiba y la ampliación de la ASAB así como el incremento de cobertura y calidad, sin embargo, el régimen financiero establecido por la Ley 30, que amarra el presupuesto al Índice de Precios al Consumidor y desconoce los gastos crecientes de las universidades, ha derivado en una situación de déficit que año a año tiene que cubrir la universidad con austeridad. El déficit para 2014 fue de $191,000 millones y $32,000 millones para 2015, situación crítica heredada de veinte años de congelamiento presupuestal por el Distrito y la Nación. Esta situación es reconocida por la misma universidad en sus documentos (http://goo.gl/F5cw2q).
Pese a que tiene la tarea de ser la punta de lanza de la formación artística, científica y humanística de Bogotá, la Universidad Distrital es la universidad pública en la que menos se invierte por estudiante en el Distrito Capital: mientras en la Universidad Nacional se invierte $10,796,028 por estudiante al semestre, en la Universidad Pedagógica Nacional $7,744,453 y en la UD se invierte $6,124,234. En 1994, la inversión en la UD era de $8,706,417, lo que muestra la clara afectación de la política derivada de la Ley 30 de 1992 frente a la Universidad Distrital.
Por otro lado, entre 2006 y 2015 los estudiantes con créditos en el ICETEX pasan de 133 a 1012, lo que implica que esta cifra se ha multiplicado por más de siete veces mientras que, desde 2010, la cantidad de estudiantes ha disminuido, pasando de 29,104 a 27,152 en 2016. Estas cifras demuestran que la falta de gratuidad en la universidad pública conduce inexorablemente al negocio del capital financiero.
Respecto a asuntos concernientes a la calidad educativa, entre 2011 y 2015 los docentes de planta han disminuido pasando de 692 a 675 –planta docente prácticamente congelada-, mientras que los de vinculación especial han pasado de 1229 a 2782, lo que implica que ha crecido un poco más del doble en cuatro años. En infraestructura la situación crítica no se queda atrás, existiendo un déficit de espacio público por estudiante de 6,33mts2, según documentos de la Universidad el área construida (2,67mts2 por estudiante) es mucho menor a los estándares establecidos por el SUE (9mts2 por estudiante), cuestión que empeora con la falta de dotación de materiales para el desarrollo pleno de las actividades educativas. (http://goo.gl/XuHous)
Los retos de la universidad se incrementan en tanto en el Decreto 2450 y la Resolución 2041 del Ministerio de Educación se proyectan nuevas cargas financieras para los programas de Licenciaturas como la necesidad de establecer nuevos cursos de inglés, el aumento de profesores de planta con nivel de doctorado y el pago de ARL para la realización de las “prácticas pedagógicas”. Santos y Gina Parody hablan de mejorar la calidad pero sin dar más presupuesto. ¿Buscarán abrir así la puerta a recursos del capital financiero a la Universidad Distrital a través de préstamos tal como ha hecho con la UPN y proyecta con la UN?
Como complemento al oscuro panorama descrito, los recursos de inversión de la Universidad Distrital dependen enteramente de los recursos CREE –originados en la Reforma Tributaria de diciembre de 2012- y la Estampilla –Ley 648 de 2001-, los cuales son inciertos dado a que dependen de factores como la volatilidad de los precios de las materias primas y el recaudo de un impuesto que ha demostrado su ineficacia para solventar la álgida problemática financiera de estas universidades (http://goo.gl/a0Urho).
Frente a este panorama el alcalde Enrique Peñalosa, en su anteproyecto de Plan Distrital de Desarrollo propone el aumento de la cobertura con 25,000 nuevos cupos esperando que para esta meta concurran recursos públicos y privados –no se descarta la posibilidad de realizar Alianzas Público-Privadas en educación superior, situación que da un salto frente a lo propuesto en la Ley 30 de 1992-, lo que abre la puerta a la profundización del modelo tendiente a la privatización de la UD.
Mientras dos grandes negociantes como Juan Manuel Santos y Enrique Peñalosa detenten la presidencia y la alcaldía respectivamente y permanezca el actual modelo educativo, a la comunidad educativa de la Distrital no le queda otro camino sino la resistencia civil y organizada procurando la máxima amplitud y unidad entre las fuerzas vivas que la componen.
