Este 26 de junio la Mesa de Trabajo LGBT de Bogotá está convocando la XV Marcha de la Ciudadanía LGBT con el lema “somos familia de mil colores”. La consigna se constituye en la expresión del más fuerte rechazo al avance en el Estado colombiano del fundamentalismo religioso, encarnado hoy por el procurador Alejandro Ordóñez.
Para nadie es un secreto que desde la Procuraduría General de la Nación, entidad que debe velar por la garantía de los Derechos Humanos, se ha iniciado una campaña para impedir que las parejas del mismo sexo puedan conformar una familia, avance considerado como un derecho tanto en nuestra Constitución Política como en el Sistema Universal de Derechos Humanos. La han acompañado el Ministerio del Interior y de la Justicia, funcionarios y funcionarias de la ICBF y hasta magistrados de la Corte Constitucional, bajo el amparo académico de universidades como La Sabana y el Rosario.
Las organizaciones LGBT de Bogotá marcharán este domingo recordándole al país que nuestras familias son ya una realidad, que existen y nos hacen felices. Exigiremos además que se les garanticen todos los derechos a las personas LGBT y que se ponga fin a todas las violencias por identidad de género y orientación sexual.
Esta Marcha, que convoca a más de 40 mil personas, se ha constituido en el principal ejercicio de incidencia política de esta población. En su momento logró convocar a la Administración del Polo Democrático Alternativo en la ciudad a implementar una política pública que significó una inversión de varios miles de millones de pesos dirigidos a la garantizar o restituir seis derechos priorizados por las organizaciones LGBT: vida e integridad, educación, salud, trabajo, cultura y participación.
Esta Política Pública logró transversalizar las reivindicaciones de las organizaciones de las personas LGBT en todos los sectores de la administración pública. Incluso, la Secretaría de Hábitat incluyó a las parejas del mismo sexo como beneficiaras de los subsidios de vivienda,
pese a que tal reconocimiento no estaba previsto en el plan de acción de la política pública. También logró “deschapinerizar” la atención de las personas LGBT en la medida en que se avanzaba en su territorialización.
Es así como hoy contamos con Mesas LGBT en localidades como San Cristóbal, Los Mártires, Engativá, Fontibón, Usme, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar y Usaquén, y se implementaron cuatro Centros Comunitarios LGBT: El Distrital, ubicado en Chapinero, una estrategia de centro itinerante o a su Localidad, uno especializado en jóvenes ubicado en Bosa y uno especializado en personas Trans ubicado en Los Mártires.
Estos avances que adelantó la Administración del PDA en Bogotá, en correspondencia con su Ideario de Unidad, contrastaba con un Gobierno nacional fuertemente cuestionado en organismos e instancias internacionales por sus violaciones a los Derechos Humanos en general y de las personas LGBT en particular. Tal fue el balance hecho por el Examen Periódico Universal de la ONU.
De ahí que a finales de su mandato, Álvaro Uribe convocara al movimiento LGBT a construir una política pública, de manera tan apresurada e improvisada que fue leída por muchas organizaciones y activistas más como un intento de limpiar su nombre que como un ejercicio serio de restituir y garantizar los derechos de esta población, por lo cual muchos y muchas no asistimos.
Hoy el Gobierno Santos ha querido retomar esta iniciativa y viene desarrollando un ejercicio de construcción de la Política Pública Nacional LGBT. Sin embargo, las reformas que viene impulsando permiten entrever que, aunque se aprobara la misma, no tendría los dientes suficientes para lograr un impacto real sobre los derechos de esta población, es decir, demagogia pura. La aprobación de la ley de sostenibilidad fiscal es un golpe mortal para la garantía de derechos como la educación y la salud y limita la inversión social. Medidas como la reforma política dificultan la participación política de las personas LGBT, que se ven sometidas a todo tipo de desplazamiento forzoso por la discriminación. Además, la ley de seguridad ciudadana criminaliza los ejercicios de movilización y su Plan Nacional de Desarrollo parece más un plan de ventas que una herramienta para la garantía de derechos.
En este Panorama la XV Marcha de la Ciudadanía LGBT se constituye en un espacio muy eficaz para seguir exigiendo una protección real y efectiva de los derechos de las personas LGBT. Por ello su consigna “somos familia de mil colores” se convierte en el grito de rechazo al debate estatal entre el fundamentalismo religioso y la demagogia neoliberal en que se encuentra inmersa la construcción de la política pública nacional LGBT. Porque queremos un Estado que proteja y garantice real y efectivamente los derechos de las personas LGBT, la invitación es a marchar este domingo 26 de junio a las 1:00 p.m. desde el Museo Nacional hasta la Plaza Bolívar.
