En el Meta, miles de estudiantes llevan más de un mes sin poder asistir a sus instituciones educativas. Desde el 31 de marzo de 2025, el servicio de transporte escolar, que cubre a cerca de 12.000 estudiantes en 13 municipios del departamento del Meta, está suspendido, según la Circular No. 082 de la Secretaría de Educación del Meta [1]. Este programa es esencial para que estudiantes de zonas rurales, donde las distancias son largas y las familias no tienen recursos para pagar transporte privado, puedan asistir a clases, garantizando su derecho a la educación. Sin embargo, la negligencia del gobierno nacional ha puesto en riesgo su derecho, dejando a miles de estudiantes sin educación y afectando a las comunidades más vulnerables.
El transporte escolar del Meta depende en su mayoría del Sistema General de Regalías (SGR), recursos que el gobierno nacional transfiere a los departamentos para financiar programas sociales como este [2]. En 13 municipios, el SGR cubre el 100% del servicio, mientras que en otros cuatro, incluida la capital, Villavicencio, aportan recursos propios para garantizar su ejecución [1]. El proceso parece simple: el Ministerio de Hacienda gestiona los recursos del SGR, expide decretos para cerrar los contratos presupuestales y habilita nuevas licitaciones para contratar el servicio. Sin embargo, este proceso administrativo está lejos de ser eficiente, y su mal funcionamiento ha generado una crisis que afecta directamente a los estudiantes del Meta.
El problema comenzó cuando el Ministerio de Hacienda no expidió a tiempo el decreto para cerrar el contrato correspondiente a los años 2023- 2024 del SGR, lo que impidió transferir los recursos necesarios para la nueva licitación del período 2025- 2026 [2][4]. Sin fondos, el servicio de transporte escolar quedó suspendido, y aunque el Decreto 379 de 2025 finalmente cerró el contrato anterior e incorporó el presupuesto para el periodo 2025- 2026, el servicio no se reactivará hasta el 5 de mayo [5]. Este retraso de más de un mes no es un simple error técnico: refleja la falta de planificación y compromiso del gobierno nacional, que debería garantizar la continuidad de un servicio tan esencial. Mientras tanto, el gobierno departamental y los gobiernos locales, sin recursos propios suficientes, quedan en una encrucijada, intentando subsanar un problema que no crearon.
Las consecuencias de esta suspensión son alarmantes. En el municipio de Cumaral, más de 400 estudiantes no pueden asistir a clases, y esta situación se replica en los otros 12 municipios afectados. Sin transporte escolar, el derecho fundamental a la educación queda vulnerado, dejando a miles de niños, niñas y jóvenes sin clases, y sin posibilidad de avanzar en su aprendizaje. Esto afecta especialmente a las familias de bajos recursos, que no tienen cómo pagar transporte privado, agravando las brechas de desigualdad. La interrupción del servicio no solo limita el acceso a la educación, sino que a largo plazo podría aumentar las tasas de deserción escolar.
Frente a esta crisis, algunas comunidades han decidido actuar. En el municipio de Acacías, estudiantes, padres de familia y ciudadanos se organizaron, movilizaron y lograron una solución temporal: consiguieron 10 buses con conductores, monitoras y combustible, gracias a la colaboración de diferentes actores de la economía local [6]. Otros municipios, como Cumaral, siguen sin respuestas ni soluciones concretas, y la espera hasta el 5 de mayo es insostenible. Es urgente que el gobierno nacional articule esfuerzos con las autoridades departamentales y locales para restablecer cuanto antes el transporte escolar, asegurando el acceso efectivo a la educación antes del 5 de mayo. No se puede permitir que 12.000 estudiantes permanezcan dos semanas más sin clases por fallas administrativas que vulneran su derecho fundamental a la educación.
Desde la Organización Colombiana de Estudiantes (OCE) rechazamos y denunciamos esta situación. Es inaceptable que el gobierno de Gustavo Petro, que llegó a la presidencia con promesas de cambio y con banderas estudiantiles y juveniles, permita que miles de jóvenes pierdan su derecho a estudiar por la incompetencia administrativa, agravada por la inacción del gobierno departamental. Esta crisis no es un imprevisto: es el resultado de un sistema presupuestal mal gestionado y de un gobierno que no le ha sabido cumplir a las y los jóvenes ni a las y los estudiantes. La educación no puede seguir siendo un discurso vacío y promesas incumplidas; necesita acciones concretas y recursos reales.
Por eso, respaldamos a las comunidades del Meta que, como en Acacías, se han organizado para exigir soluciones, y hacemos un llamado a jóvenes, profesores, padres de familia y líderes comunitarios a mantenerse unidos en esta lucha. La educación no puede esperar, y el futuro de estos estudiantes no puede seguir en riesgo. Exigimos al presidente Petro y su gabinete, celeridad en este proceso para que garanticen un acceso real a una educación pública, gratuita y de calidad para todas y todos en el Meta. Solo con movilización y organización lograremos que este derecho deje de ser una promesa incumplida.
Fuentes:
- Circular No. 082 de 2025, Secretaría de Educación del Meta
- Circular No. 079 de 2025, Secretaría de Educación del Meta
- Gobernación del Meta, «En riesgo está el transporte escolar de 12.000 estudiantes en el Meta, debido a la no expedición del decreto del cierre del bienio 2023-2024 de regalías por parte del gobierno nacional.» En riesgo está el transporte escolar de 12.000 estudiantes en el Meta, debido a la no expedición del Decreto del cierre del bienio 2023-2024 de regalías por parte del Gobierno Nacional.
- El Cuarto Mosquetero, «Crisis en el Meta por suspensión del transporte escolar.» Crisis en el Meta por suspensión del transporte escolar – El Cuarto Mosquetero
- Decreto 379 de 2025, Ministerio de Hacienda y Crédito Público
- Alcaldía de Acacías, «Desde hoy se brinda solución temporal de transporte escolar en Acacías.» Desde hoy se brinda solución temporal de transporte escolar en Acacías
