Manuel Martinez. Consejero local de juventud. Polo Joven Usaquén.
Se gravará hasta el “corrientazo” y los comedores escolares de los colegios
Parece que las derrotas consecutivas de Juan Manuel Santos con la reforma a la justicia y a la educación superior, producto de la movilización social y la resistencia civil, no le hubieran dado una lección a la Manguala Nacional. La aplanadora santista intenta imponer a las malas en el Congreso la reforma tributaria más regresiva de la historia de Colombia, y lo hace utilizando una retórica trasnochada para engañar a los pobres y a las clases medias, los verdaderos damnificados con la iniciativa.
A pesar de los cambios cosméticos, el proyecto sigue siendo un esperpento. Les va a disminuir los impuestos al capital y a aumentárselos al trabajo, lo que significa que pagarán menos los grandes monopolios y trasnacionales, mientras que los trabajadores de clases medias y bajas pagarán más.
El impuesto de renta cobrado a las utilidades disminuye del 33 al 25%, porcentaje equivalente a 8 billones de pesos. Insatisfecho, el gobierno pretende disminuir los impuestos de herencia y de ganancias ocasionales del 35 al 10% y el de los capitales especulativos, que tanto desangran la economía del país, del 35 al 12.5%. Queda en absoluta evidencia que no se intenta beneficiar a las pequeñas o medianas empresas, sino a los grandes capitales financieros, petroleros, mineros y de las telecomunicaciones, propiedades de magnates como Carlos Slim, que obtuvo ganancias en 2011 por 2.8 billones de pesos.
Además de beneficiar al gran capital, las implicaciones fiscales y económicas revisten extrema gravedad. Según Amylkar Acosta, miembro de la ACCE, se estaría fraguando un nuevo recorte al Sistema General de Participaciones (SGP), con cuyos recursos se financian las transferencias territoriales. En 2013, al disminuir el impuesto de renta del 33 al 25%, se dejarían de recaudar 8.06 billones y en 2023, 17.1 billones de pesos, según datos del Ministerio de Hacienda. Se trata de un recorte adicional al de los 79 billones de pesos que se les dejaron de girar a los departamentos y municipios por los actos legislativos 01/01 y 012/07.
La reforma está basada en un criterio de neutralidad fiscal, es decir, se busca que al final de los cambios se recaude lo mismo que al comienzo. Por tanto, las disminuciones otorgadas al capital deberán ser compensadas en la misma proporción por aumentos al trabajo. Para este efecto, el gobierno de Juan Manuel Santos aumenta la base del IVA y simplificar las tarifas de 7 a 3 (5, 8 y 16%) y, de encima, crea un impuesto nuevo al consumo, que gravará hasta el “corrientazo” y los comedores escolares de los colegios. Y ataca de manera directa a los profesionales, pequeños y medianos empresarios, ejecutivos, profesores universitarios, académicos y en general a la clase media, pues les cobrará el impuesto de renta sobre sus salarios y honorarios, desde más de 3.2 millones de pesos. Santos, vástago de una de las familias oligárquicas, considera a los sectores de las clases medias como los ricos de Colombia, para ocultar a los verdaderos magnates. De esta forma, “una persona que gana $8 millones mensuales, pasará de sufragar $716 mil anuales a $4,6 millones, un alza del 650%; quien tenga entradas de $10 millones, pagará $8,09 millones, casi cuatro veces lo actual” según el economista y excandidato a la alcaldía de Bogotá, Aurelio Suarez
La reforma se propone eliminar los aportes parafiscales para SENA, ICBF y salud, los cuales corresponden al 13,5% del costo de contratación de nómina de las empresas. En contraposición y basado en el criterio de neutralidad, propone crear un impuesto del 8% a las utilidades de las empresas para financiar a las mencionadas instituciones. Por lo menos dos argumentos demuestran que estos recursos serán insuficientes e inciertos y que, como lo han denunciado los expertos, estamos ante un desfinanciamiento cantado de verdaderos baluartes de los colombianos. En primer lugar, las despóticas afirmaciones del director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, que de manera irresponsable confesó que Santos se había inventado la cifra del 8% y que además no existían estudios que garantizaran el financiamiento pleno de estas instituciones, simplemente porque le dio “mamera” hacerlos. En segundo lugar, se dice con claridad que cuando haga falta dinero para completar los recursos, se podrá mas no se tendrá, que es distinto, utilizar recursos del Presupuesto General de la Nación. Son muchos los casos en que el gobierno ha incumplido esta clase de promesas baratas, como la faltoneada que llevó a los jueces a mantenerse en paro durante más de un mes para exigir la nivelación salarial, una ley expedida en 1992 (¡!).
Pero la razón económica de fondo en que se basa esta reforma es exactamente la misma que ha justificado todas las leyes de corte neoliberal que pregonan por la flexibilización laboral. A nombre de la equidad y la formalización del empleo, discuten que los salarios y los costos laborales son tan altos en Colombia que es imperioso disminuirlos para crear más empleo. Durante más de 20 años de estas reformas cortadas por la misma tijera, aún tenemos las tasas de desempleo e informalidad más elevadas del continente, sin contar con las del desempleo juvenil, comparadas solo con las de España, un país inmerso en una crisis estructural. No siendo poco, el gobierno desconoce conclusiones del mismo Banco Mundial, que en un estudio demuestra que las disminuciones en los costos laborales o salarios no redundan necesariamente en mayores empleos. Es decir, pesan más los afanes y artimañas políticas que las mismas conclusiones del organismo multilateral, que ha direccionado la inicua estructura tributaria colombiana. Ni las razones teóricas, académicas o prácticas hacen retroceder al ministro Cárdenas y al presidente Santos en su equivocada argumentación.
El Polo Joven, organización juvenil del único partido de oposición al gobierno de Santos, llama una vez más a los jóvenes colombianos a rechazar de manera enérgica tan repudiable reforma. No solo los jóvenes trabajadores, los cuales laburan en condiciones salariales mediocres, sino todos los futuros trabajadores de este país no pueden ser ajenos a su realidad. En los hombros de nuestros propios padres, nuestros compañeros del SENA y beneficiaros del ICBF se cargarán los efectos inmediatos de tan lesiva iniciativa, con lo cual se hace indispensable el apoyo del POLO JOVEN a esta justa lucha donde la movilización social y la resistencia civil hagan retroceder a un gobierno de palabras sordas y oídos necios.
¿Estarán informando fechas de manifestación? Háganlo, por favor!!!