Los necesarios debates sobre el respeto por la democracia y autonomía universitaria, entre otros de importancia, deben darse a través de la lucha democrática, masiva y creativa de los estamentos de la Universidad Nacional de Colombia. Bajo ese entendido, desde la Organización Colombiana de Estudiantes (OCE), rechazamos la violencia como medio para tramitar las diferencias en los claustros y en la sociedad. Estas acciones —que no representan la amplia mayoría del movimiento estudiantil— en nada han contribuido ni antes ni ahora al desarrollo nacional y a la defensa de la educación pública y de calidad.
Los conceptos de democracia y autonomía universitaria, entendidos integralmente, adquieren por lo menos dos dimensiones. Por un lado, implican que al interior del Alma Mater, los estamentos que lo conforman —en el marco de su independencia— determinen los criterios sobre los cuales se rige la institución y por supuesto, esto incluye sus órganos de gobierno. Aspecto que deben respetar y garantizar las administraciones de turno y que para el caso de la elección del Rector, el CSU de la UNAL desconoció de manera abierta. Este hecho sigue reflejando la brecha en la Ley 30 de 1992 para que la consulta sea directa, vinculante y plenamente democrática en las IES públicas del país y para el caso de la UNAL, las disposiciones antidemocráticas en el decreto 1210 de 1993. En ambos casos, el actual gobierno ha tenido condiciones para efectuar cambios y no lo ha hecho.
Del mismo modo, hace parte de este principio, que el gobierno nacional y demás entidades territoriales, no se sobrepasen en sus competencias, pretendiendo marcar el tono del debate interno en los claustros, con el claro propósito de favorecer su agenda política. Con acierto señalaba el recordado profesor y dirigente Carlos Gaviria Díaz, que la autonomía significa que «la universidad se rige por ella misma, dónde las decisiones políticas heterónomas no interfieran su curso». Son acertadas las críticas al CSU por violar la democracia y autonomía universitaria. Pero que esto sea correcto no implica que se deba cohonestar con que el MEN impone los intereses del gobierno violando también este principio. El quehacer de la UNAL en la coyuntura es un asunto que deben definir exclusivamente sus estamentos.
Así las cosas, la actual elección del rector en la UNAL —desde la designación hasta la posterior posesión— ha estado marcada por presuntas irregularidades en el marco del ordenamiento jurídico y los estatutos internos. Sirve recordar que el rector legítimamente electo en la consulta fue Leopoldo Munera y el CSU lo desconoció designando a Ismael Peña. Por esta razón, las autoridades competentes deben pronunciarse sobre tales actuaciones y clarificar su sujeción a la normatividad vigente. Paralelamente, como aspecto principal, corresponde fundamentalmente al movimiento estudiantil promover su capacidad de organización y fortalecer su movilización para exigir las medidas que permitan acatar la voluntad expresada en la consulta del pasado 12 de marzo en la Universidad Nacional de Colombia.
