Sebastian Valencia
OCE Manizales
Pareciera que en la actualidad hay un consenso a nivel nacional sobre la crítica situación por la que atraviesa la educación básica y media. Incluso el gobierno de Juan Manuel Santos en distintas ocasiones así lo ha manifestado. Lástima que nuestros gobernantes lleguen a esa conclusión cuando instituciones extranjeras como la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico (OCDE) así lo hayan expresado, una clara muestra de mentalidad subalterna para analizar el país.
Vale la pena recordar un par de cosas: que la adquisición de conocimientos y la transmisión de los mismos es la base del desarrollo y progreso de una nación; que la educación debe ser universal y a su vez gratuita y de calidad; y que por tanto, al ser una tarea de tanta envergadura que demanda grandísimos recursos económicos, ésta debe recaer en el principal músculo financiero de una sociedad, es decir, el Estado. Lastimosamente, esta fórmula tiene poca acogida bajo la lupa de gobiernos neoliberales como el actual.
El sometimiento de Colombia a los intereses extranjeros convirtiéndonos en una neocolonia bajo la complicidad de nuestros dirigentes, un modelo de desarrollo basado en la exportación de hidrocarburos, un aparato productivo debilitado y el total desentendimiento del Estado por la ciencia como fuente de progreso, ha convertido al sector educativo en un nicho de inversión económica puesto al servicio del capital financiero. Y para andar por los rieles de dicha locomotora, han visto en los 7´698.992 estudiantes de básica y media un mercado con demanda permanente y, una tras otra de las herramientas de la política educativa implementadas durante los últimos años han caminado en tan nefasta dirección.
Tal es el caso de los colegios en concesión, alianza público privada donde el Estado coloca todos los recursos para la infraestructura física y tecnológica, así como el presupuesto anual, mientras el sector privado administra y saca ganancias vía venta de servicios. Está demostrado que bajo este tipo de contrato el concesionario recibe anualmente por cada estudiante 50% menos de lo que recibe una institución estatal, reduciéndose a más de la mitad la inversión en el sector, pasando de 3 millones 700 mil pesos en un colegio estatal a 1 millón 700 mil pesos por estudiante en un colegio en concesión. El sistema de transferencias ha sufrido 2 recortes en los últimos 15 años que han significado una reducción de cerca de 51,6 billones de pesos. La jornada única es una de las políticas más profundizadas durante el último año que lamentablemente no tiene la infraestructura física y tecnológica requerida, ni el suficiente presupuesto para una alimentación que cuente con los estándares nutricionales necesarios para estudiantes y profesores, sin restaurantes, sin transporte escolar, entre otras falencias. Y el Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE), programa con el cual buscan medir la calidad de la educación en todos los colegios del país, carece de toda validez ya que no se construyó con la participación de la comunidad educativa sino unilateralmente, sin tener en cuenta que la calidad no se decreta sino que se construye al fragor del debate amplio y participativo de los estamentos en cuestión. Además, con la implementación del ISCE se imprimen criterios empresariales e industriales en las evaluaciones que, de no ser superadas, las instituciones educativas entran en un plan de sanciones que pueden llegar hasta el cierre de las mismas, un claro ejemplo de cómo el Estado se va quitando paulatinamente sus responsabilidades transfiriéndolas a los colegios quienes, bajo la presión, serán empujados a adquirir deudas con instituciones financieras tal cual le sucede a las universidades públicas.
Materialización de esta política se evidencia en Manizales donde se necesitan 46 mil millones de pesos para la recuperación de infraestructura de los 54 colegios de la ciudad. La Alcaldía cuenta con apenas 1.200 millones, solo el 2.6%, con déficit de 44.800 millones. Se espera recaudar 10 mil millones de pesos más (3 mil millones se solicitarán ante el Concejo Municipal por medio de un proyecto de acuerdo), que sumarían 11.200 millones, pero seguirían faltando 34.800, el 75.6% de los recursos para cumplir con los requisitos mínimos de una infraestructura adecuada.
Tan desolador panorama pone en duda que Colombia vaya a ser la más educada de América Latina en el 2025 y por lo tanto, Gobierno Nacional y Ministerio de Educación deben buscar una política seria que impacte realmente en el mejoramiento de la calidad educativa, con un presupuesto adecuado y sin más recortes a transferencias. Mientras tanto, debemos prepararnos para seguir concientizando a la sociedad de la necesidad de un cambio estructural en el rumbo del país, y que solo a través de la movilización masiva, pacífica y creativa, podremos avanzar en la construcción de una educación basada en lo más avanzado del conocimiento y puesta al servicio de la sociedad colombiana.
